Procesan al CEO de empresa de recuperación por ransomware por presunto fraude masivo a clientes

Según un caso iniciado a partir de una investigación de ProPublica de 2019 y de acuerdo con anuncios de dicha revista y del Justice Department, Zohar Pinhasi —CEO de MonsterCloud y conocido también por alias como “Zack Green”— aseguraba a sus clientes que podía descifrar datos sin pagar a los hackers, cuando en realidad habría pagado rescates y cobrado tarifas elevadas por esos servicios. Un gran jurado federal ha presentado cargos contra Pinhasi en relación con este asunto (fuente: Justice Department, ProPublica).

En la investigación federal se detallan las sumas concretas: Pinhasi habría facturado en total a los clientes aproximadamente 19 millones de dólares, de los cuales más de 8 millones se habrían destinado al pago de rescates. Entre los casos citados por la prensa figura uno en el que se pagó un rescate de unos 8,200 dólares mientras al cliente se le facturaron alrededor de 150,000 dólares. Pinhasi niega las acusaciones.

Como contexto, la investigación de ProPublica de 2019 señaló que, en las víctimas de ransomware, ciertos proveedores de recuperación de datos y compañías de seguros podrían fomentar o implicar el pago de rescates, lo que contribuye a la “revictimización”. Se informa además que MonsterCloud habría prestado servicios a policías locales y a agencias públicas, y que algunos clientes eligieron la empresa porque se les prometió que la compañía se encargaría de la recuperación sin tratar directamente con terceros externos.

Los informes también mencionan la relación publicitaria de MonsterCloud con personajes conocidos, incluido un exsubdirector del FBI cuyos nombres aparecen en anuncios de la compañía; si bien ese individuo no figura explícitamente en la acusación, sus apariciones en la publicidad y testimonios previos han recibido atención. El Justice Department y el FBI han acusado a Pinhasi de aprovecharse de la crisis de las víctimas para obtener beneficios y han explicado que esta imputación forma parte de una serie de investigaciones y procesos contra proveedores que se aprovechan de las víctimas.